La pregunta pertinente es si vamos a dejar que sea el mercado el que decida quién va a tener agua –ya está ocurriendo con la apropiación de agua y tierras, la expulsión de la actividad de pequeños agricultores y regadíos históricos y con los mercados de agua en sequía– o si queremos gobernar la adaptación al cambio climático desde el interés público, con criterios de sostenibilidad ambiental y equidad social.
