La gobernanza hace referencia a todos los procesos de gobierno, las instituciones, los procesos y las prácticas a través de los cuales se deciden y regulan las cuestiones de interés común. La buena gobernanza añade un atributo normativo o evaluativo al proceso de gobernar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se refiere principalmente al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos.
Aunque no existe una definición internacionalmente acordada de “buena gobernanza”, puede abarcar los siguientes temas: pleno respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples actores, pluralismo polÃtico, procesos e instituciones transparentes y responsables, un sector público eficiente y eficaz, legitimidad, acceso al conocimiento, la información y la educación, capacitación polÃtica de las personas, equidad, sostenibilidad y actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.
La verdadera prueba de la “buena” gobernanza es el grado en que cumple la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, polÃticos y sociales. La pregunta clave es: ¿garantizan efectivamente las instituciones de gobierno el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a una alimentación suficiente, a una educación de calidad, a una justicia imparcial y a la seguridad personal?
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